La
Jueza de la Causa dictó una sentencia de 18 años y 9 meses, el pago de la reparación del daño por la cantidad de 1 millón 259 mil 585 pesos, así como la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, dejando a salvo los derechos de la víctima indirecta para hacerlos valer en la etapa de ejecución de sanciones.